Las instituciones y organizaciones que integran el Comité para la Prohibición del Castigo Físico y Trato Humillante, desarrollaron esta mañana el conversatorio: “Castigo Físico y Humillante: Una Dimensión de la Violencia contra la Niñez y Adolescencia”, dirigido a Diputadas, Diputados, funcionariado judicial, Cuerpo Diplomático y Organizaciones de sociedad civil.

Dicho espacio buscó generar un proceso de reflexión y análisis sobre las profundas afectaciones que genera el castigo físico en la salud de las niñas, niños y adolescentes; asimismo, se identificaron buenas prácticas de crianza, promoviendo, además, la reforma legal para la prohibición expresa del castigo físico y trato humillante en la legislación salvadoreña.

 

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El castigo corporal es una práctica contraria a la dignidad humana y lejos de ayudar a la educación o disciplina, resulta contraproducente, ineficiente, peligrosa y dañina para la salud psicofísica de niñas, niños y adolescentes. Además, reafirma en nuestra sociedad la intolerancia y la violencia, gravando en el inconsciente colectivo pautas de conducta negativas que se reproducen en la edad adulta.

Datos estadísticos de las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia del CONNA, reflejan que de enero a diciembre de 2018, se registraron 10,030 presuntas amenazas o vulneraciones al derecho a la integridad personal (física, psicológica, sexual, emocional o moral), siendo sus padres, madres, abuelas, abuelos y otras personas responsables de su cuido, quienes se identifican como los principales vulneradores de este derecho. El 57.7% de los casos, corresponden al derecho a la integridad física, el 2.04% a la integridad sexual y el 13.61% a la integridad psicológica.

En el mismo periodo, la Fiscalía General de la República registró 9,229 delitos y faltas cometidas contra las niñas, niños y adolescentes; el 48% son contra la integridad sexual, el 22.3% contra la vida e integridad física; y el 16.8% de los casos por violencia intrafamiliar, maltrato infantil e incumplimiento de los deberes de asistencia económica. Esto significa, que cada 2 horas se vulnera la integridad sexual de una niña, niño o adolescente y cada 4.5 horas se comete una vulneración contra su vida o integridad física. Lo anterior, constituye un elemento de suma preocupación, siendo necesario llevar a cabo modificaciones legales que prohíban ésta práctica, reconociendo siempre el rol fundamental de las familias en la formación, orientación, protección, socialización y apoyo efectivo en el desarrollo integral de la vida de las niñas, niños y adolescentes.

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Y atendiendo las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño hace al Estado Salvadoreño: “El Comité está profundamente preocupado por el hecho de que los castigos corporales a los niños sigan siendo legales y sigan estando justificados desde el punto de vista cultural, y por el hecho de que la encuesta de indicadores múltiples por conglomerados de 2014 reveló que el 40 % de los niños sufrían castigos corporales en el hogar. El Comité, remitiéndose a su observación general núm. 8 (2006), relativa al derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes, y recordando sus recomendaciones anteriores (CRC/C/SLV/CO/3-4, párr. 55), insta al Estado parte a:

  1. Aprobar sin demora una ley por la que se prohíban los castigos corporales en todos los entornos;
  2. Revisar el artículo 215 del Código de Familia, el artículo 204 del Código Penal y el artículo 38 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia para tipificar como delito los castigos corporales sin excepciones;
  3. Adoptar medidas para promover formas positivas, no violentas y participativas de crianza y disciplina de los niños

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Se requiere, además el desarrollo de un proceso de sustitución paulatina de las pautas de crianza violentas y agresivas, que vulneran el derecho a la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes, trascender por pautas de crianza positivas que promuevan el desarrollo de personas que se valoren y respeten, con autonomía personal, mayor auto-control y que no reproducirán en sus familias patrones inadecuados de crianza.

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El conversatorio contó con la participación de la Licda. Ruth Martínez Agreda, Jueza Especializada de Niñez y Adolescencia; el Dr. Luis Castaneda, Presidente de la Asociación de Pediatría de El Salvador; la Licda. Mayra de Alejandro, Directora de FUNDASIL y el Dr. Mario Vega, Pastor General de la Iglesia Elim.

 

7 de mayo de 2019